III.
De frente a la transición democrática hay retos inmediatos de resolución imperativa que escapan a las dimensiones de la reforma institucional y del cambio cultural y que son, más bien, un requisito previo para la concreción del cambio en ambas esferas. Estos retos tienen que ver más bien con la voluntad política para sortear la crisis de gobernabilidad en la que nuestro país se encuentra actualmente y que es evidenciada día con día. Miles de muertos en lo que va del actual sexenio, delincuencia al alza y polarización política y social dan cuenta del tamaño del obstáculo que se tiene que librar antes de pensar en más altos objetivos, como la consolidación institucional y cultural de la democracia. Tales obstáculos serán expuestos a continuación.
La representatividad política es el reto más complejo de toda democracia moderna y México tras lograr la alternancia en el poder presidencial se enfrenta a una crisis de desrepresentación; entre más representativo sea un congreso –se piensa- es más democrático. Sin embargo, la representatividad no es sólo cuestión de medición demográfica y correspondencia entre número de representantes y número de ciudadanos. Un régimen democrático representativo se enfrenta con varias dificultades, antes de lo cual pasa por dos filtros, a menudo insalvables:
1. El filtro jurídico-político. En los partidos políticos se toman las decisiones (sin atender, necesariamente, a la fuerza de los grupos sociales) acerca del perfil de los candidatos a cargos de elección popular y éstos deciden a su vez quienes serán sus colaboradores. Por otra parte la configuración de las Cámaras de representación, que sólo en Alemania es de estricta representación proporcional, permite que los grupos políticos ganen o pierdan todo en los distritos llamados de mayoría relativa. Supongamos que la competencia electoral se da sólo entre dos grupos; si uno de esos dos grupos ganara todos los distritos de mayoría relativa-para la elección de diputados- por una diferencia de uno por ciento tendría cerca 3/5 de la Cámara tras haber obtenido sólo un poco más de la mitad de la votación en esos distritos.
2. El filtro social. Los intereses de los grupos sociales no pueden ser representados de forma fidedigna porque la sociedad no está organizada en “grupos sociales” como tales, sino que estos son un corte que utiliza la sociología para estudiar a los individuos en su acción social y puesto que toda acción política es acción social, pero no a la inversa, sólo los grupos socialmente organizados y políticamente activos tienen representantes reales en los espacios públicos de poder; esto es, que tienen la capacidad de influir en sus decisiones.
Un individuo pertenece a la vez a varios grupos sociales que son –o deben ser- sujetos de representación política. Al mismo tiempo de ser joven, eres izquierdista, artista, comerciante ambulante, deportista, dueño de mascota, clasemediero…
El sistema de partidos es el nexo entre los ciudadanos de un Estado y su gobierno, son el aparato encargado de la mediación entre población y poder público y de la representación de los grupos sociales en él. Debido a la enorme pluralidad, la capacidad representativa de los partidos políticos se reduce y simplifica, por lo que la representación de los sectores sociales con causas en particular (transparencia, no violencia, legalización de las drogas, feminismo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc.) queda circunscrita a las organizaciones de la sociedad civil políticamente activas. Importantes pero marginadas, del poder público.
Cabe mencionar, a riesgo de parecer demasiado insistente, que en este caso el papel generacional puede ser también fundamental. Si la clase política se alimenta de izquierda a derecha y de juventud a vejez, es probable que la crisis de representación disminuya por el hecho de que debido a la brecha generacional las percepciones de jóvenes identificados con ambos lados del espectro político pueden ser muy similares independientemente de su preferencia partidista. Sería muy interesante saber como votarían a nivel federal jóvenes diputados de derecha en torno al tema de la despenalización del aborto. Estoy convencido de que si hubiera más jóvenes empoderados de ambos lados del espectro, leyes liberales como esa serían discutidas de un modo más realista y aprobadas con relativa facilidad.
El Estado de Derecho, entendido como el respeto a la ley sobre cualquier otro criterio en la resolución de cualquier tipo de conflictos entre personas o/e instituciones, aparece como otro requisito fundamental anterior a la consolidación democrática por varios factores. Primero, es imposible que se piense en un cambio en la cultura política y se dé por hecho que el respeto a la ley se impondrá por sí mismo cuando la ley sea otra. Una nueva Constitución, adecuada para garantizar la convivencia armónica de la pluralidad política en el país, de poco o nada servirá si antes las instituciones judiciales no se encargan de crear la base para que las leyes se respeten; poco significan las conquistas de derechos en el ámbito jurídico si su tutela no es efectiva. Segundo, el respeto a las leyes y al espíritu de las mismas que se encuentran en vigencia es un requisito fundamental para que las instituciones puedan entrar a una mecánica virtuosa de cambio; si respetan los mecanismos creados para hacerse más ciudadanas y transparentes y al mismo tiempo ejercen sus atribuciones para tutelar los derechos de los ciudadanos de un modo garantista, es probable que ejerzan una fuerza de presión en otras instituciones sobre las cuales tienen primacía y de este modo se concrete el equilibrio entre poderes como un escrutinio mutuo y se deje el actual carácter de complicidad e impunidad pactada. Nuestra Suprema Corte de Justicia y sus viejos ministros no parecen tener voluntad para instaurar el Estado de Derecho y renunciar al poder que les da la interpretación manipulada y politizada de las leyes, por lo menos eso ha quedado de manifiesto en casos como la investigación al gobernador de Puebla, Mario Marín. Mientras tanto, nuestros órganos de tutela no jurisdiccional, en especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco dan razones para tener esperanza, por su alineación con el poder en casos emblemáticos como el de la indígena Ernestina Asencio, muerta a manos de militares en Veracruz. No queda, empero, otro camino para aspirar a un cambio gradualista en el funcionamiento institucional, que la férrea tutela –jurisdiccional o no- efectiva de los derechos que se hallan ya consagrados en nuestras leyes.
Ningún sistema de organización política puede ser tomado como un fin en sí mismo porque ninguno ofrece -sólo con una forma de organización- la satisfacción de las necesidades humanas más inmediatas ni garantiza la solución de problemas socialmente relevantes. Podríamos decir que la necesidad de renovar el personal y rejuvenecer las prácticas políticas es la primera de cara a los retos políticos para el México del siglo XXI (en primer lugar la transición a la democracia), pero la solución de estos retos políticos no puede entenderse sin la voluntad de alcanzar metas más altas para las cuales ésta es sólo un escalón más. La Constitución vigente define, perfectamente, el espíritu que debe orientarnos a la democracia social, a la que debemos dirigirnos después de alcanzada la democracia electoral. Lo retomo por su carácter profundo y no porque reivindique la permanencia del actual texto constitucional Lo hace de la siguiente manera: “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. El cambio generacional que traiga consigo el fin de la transición democrática habrá de ocuparse de los siguiente problemas -algunos de los cuales serán erradicados por la sola inercia del cambio de generación en el poder, a diferencia de otros en los que se tendrá que trabajar a fondo- o ningún caso tendrá que exista:
1) Discriminación: ya la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado incompatible la democracia con todo tipo de discriminación y es evidente que su existencia garantiza la imposibilidad del “mejoramiento cultural del pueblo” que plantea la definición de la democracia en nuestra actual Constitución. Asimismo es previsible que esta discriminación disminuya sólo en algunos aspectos como derivado del cambio generacional, ya que nuestra juventud, que muestra una disminución ostensible de actitudes discriminatorias en renglones como el racial, o el religioso, muestra aún un alto grado de rechazo a otro tipo de grupos, como los homosexuales o los enfermos de VIH/Sida . Movimientos como el gay y feminista deben seguir en pie para lograr la transición efectiva al mejoramiento social. La discriminación es opuesta a una cultura política democrática porque supone la valoración diferenciada de las personas y la cerrazón al respeto de sus decisiones. La lucha contra la discriminación pasa por tan diversas cuestiones como el respeto a los derechos de las mujeres y la regulación efectiva a las empresas privadas para que no hagan diferencia en la prestación de servicio. Toda esta lucha pasa en estos momentos por momentos decisivos y parece tratarse de un conflicto entre quienes defienden una moral pública conservadora y quienes defienden valores liberales que permitan a cada quién tener una moral como le de la gana, que por cierto ya se encuentran plasmados en nuestra Constitución. No caben en un Estado laico prohibiciones basadas no en el interés público sino en una moral particular.
2) Corporativismo: Si hay valores que sean identificados con la democracia son precisamente los relativos a la expresividad personal y si existe una condición que le dañe es la de la acción corporativa estatal. El corporativismo estatal se distingue del corporativismo social o democrático, justamente en que es un medio de controlar o utilizar a masas de trabajadores o a grupos sociales en concreto como grupos de presión para la obtención de objetivos políticos. Generalmente los beneficiados con las cosas logradas por los grupos de presión son las elites que los controlan, por lo que constituyen una traba al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y por el otro a su libre actuación política. Esta clase de corporativismo es tendiente a mantener el estado de cosas en su ámbito, situación que ha contribuido a la generación de feudos de poder como el Sindicato de de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que es contraria a la democracia social por su nulo carácter reformista.
3) Gerencia Pública: el desarrollo de capacidades gerenciales para administrar reformas en la administración pública y la acción ejecutiva de todos los servicios para los ciudadanos es fundamental. Durante todo el siglo XX y lo que va del XXI en nuestro país todo tipo de acción gubernamental es sometido a una lógica política. Los ejemplos sobran día con día y lo más grave es que este cáncer se encuentra extendido incluso en ámbitos micropolíticos, lo que lo hace más difícil de erradicar. Así los sindicatos se alinean con partidos políticos, el gobierno federal reduce presupuestos a sus enemigos políticos y premia a sus leales; los burócratas sabotean el servicio público para dañar a sus superiores, etc.… y los únicos dañados son los ciudadanos.
Entonces: no habrá respeto a los derechos humanos ni gestión pública eficiente sin el final de la transición a la democracia; no existirá el final de la transición a la democracia sin una nueva Constitución y un cambio en la cultura política, que presupone condiciones de gobernabilidad para las que necesitamos un Estado de Derecho y verdadera representatividad política, no existirá todo lo anterior sin una sucesión generacional, tanto en las esferas dirigentes como en la sociedad civil. La juventud para el cambio.
Bibliografía:
1. Gabriel Almond y Sydney Verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, Madrid, Fundación de estudios sociales y sociología aplicada, 1970.
2. Jorge Mario Audelo Cruz, “Sobre el concepto de corporativismo”, en David Cienfuegos Salgado y Miguel López Olvera (coord.), Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. Derecho constitucional y política, México, UNAM, 2005.
3. Roger Bartra, Fango sobre la democracia. Textos polémicos sobre la transición democrática, México, temas´ de hoy, 2007.
4. Roger Bartra, La democracia ausente, México, Grijalbo, 1986.
5. Ricardo Becerra et al., La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, 2000.
6. Pierre Bourdieu, “La juventud no es más que una palabra”, en Sociología y cultura, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Grijalbo, 1990.
7. Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, biblioteca virtual de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm?s=
8. Víctor Manuel Durand Ponte, “Gobiernos de izquierda y democracia: ciudadanos o clientes”, en Roger Bartra (coord.), Izquierda, democracia y crisis política en México, México, Nuevo Horizonte, 2007.
9. Umberto Eco, “A hombros de gigantes”, en A paso de cangrejo, Barcelona, Debate, 2007.
10. Pablo Gómez, “Acerca de la interrupción voluntaria del embarazo”, www.pablogomez.org, Abril 2008.
11. Pablo González Casanova, “La cultura política de México”, en Nexos, septiembre de 1981, núm. 45.
12. Luis González de Alba, Las mentiras de mis maestros, México, Cal y Arena, 2002.
13. Ronald Inglehart, “The renaissance of political culture” en American Political Science Review, vol. 84, núm. 4, California, UCLA, 1988.
14. Ronald Inglehart, “Modernización y cambio cultural: la persistencia de los valores tradicionales”, en Quaderns de la Mediterrania, núm. 5, Barcelona, Institut Europeu de la Mediterrania, 2005.
15. Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Juventud 2005, México, Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud, 2006.
16. Soledad Loaeza, “Mala Yerba”, en La Jornada, jueves 3 de abril de 2008.
17. Juan Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, democracia y autoritarismo en México, México, Cal y Arena, 1991.
18. Edgar Morin, Sociología, Madrid, Tecnos, 1995.
19. Porfirio Muñoz Ledo, La ruptura que viene, México, Grijalbo, 2008.
20. Programa de televisión Primer Plano, Canal Once, Abril de 2008, disponible en http://oncetv-ipn.net/primerplano/index.php?l=version&b=7710-3-07042008&f=2008-04-07
21. Diego Valadés, “Los partidos políticos”, en Sergio García Ramírez, Los valores en el derecho mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, 1997.
22. José Manuel Valenzuela, “¿Qué clase de jóvenes son estos?”, Nexos, agosto de 1989, núm. 140.
23. Fernando Villafuerte, “¿Dónde están los jóvenes?”, Nexos, marzo de 1989, núm. 135.
24. Julio Scherer, Los presidentes, México, Debolsillo, 2007.
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